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A. 109/23
Auto20 de febrero de 2023

Sentencia A. 109/23

Corte Constitucional·20 de febrero de 2023·Ponente Paola Andrea Meneses Mosquera

Texto oficial — relatoría de la Corte ConstitucionalN1 · dato duro · reproducción fiel de la fuente publicada
A109-23


 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-109/23

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Los únicos factores de competencia en materia de tutela son el territorial, el subjetivo y el funcional

 

FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Se remite el expediente al despacho judicial que en primer lugar conoció el asunto

 


REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 109 DE 2023

 

Referencia: Expediente ICC-4330

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, y el Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente

                                                                                 

AUTO

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.                 El 5 de diciembre de 2022, Juliana Arango Gaviria interpuso acción de tutela en contra de la Universidad del Quindío al considerar que la entidad accionada vulneró sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y “al acceso a cargos públicos por concurso de méritos”[1]. En su escrito de tutela, la accionante afirmó que participó en el concurso de méritos convocado por la institución accionada mediante el Acuerdo 396 del 10 de octubre de 2022[2], postulándose, específicamente, para el concurso de dos plazas en el área de “mejoramiento animal – nutrición animal”[3]. Indicó que el día 15 de noviembre de 2022 se publicaron los resultados de la preselección de candidatos y que su postulación no fue preseleccionada con la observación de que su título de posgrado “[n]o corresponde al Requerido por el Perfil”[4]. La accionante afirmó que, contrario a la observación de la institución accionada, su postulación sí cumplía con el perfil profesional señalado en el anexo 3 del acto administrativo que abrió el concurso de méritos[5]. Señaló que el 21 de noviembre de 2022 hizo “uso del recurso de reposición [y] en subsidio apelación” en contra de la decisión de la institución accionada[6]. Sin embargo, afirmó que el 24 de noviembre de 2022 recibió respuesta de la accionada a su recurso y que dicha respuesta “plasma unos argumentos escuetos y carente (sic) de razón” que no corresponden a “una respuesta de fondo a [su] pretensión”[7].

 

2.                 La tutela fue repartida al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío. El 5 de diciembre de 2022, dicho juzgado determinó que carecía de competencia territorial para avocar conocimiento de la acción de tutela porque, a su juicio, en la ciudad de Medellín “se surten los efectos de la presunta violación o amenaza de derechos fundamentales” al ser la “ciudad de residencia” de la accionante[8]. En consecuencia, ordenó remitir la acción de tutela a la oficina judicial de Medellín para que se surtiera su reparto a los juzgados municipales de dicha ciudad[9].

 

3.                 El asunto fue repartido nuevamente al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia. Mediante auto del 6 de diciembre de 2022, dicha autoridad judicial resolvió no avocar conocimiento de la acción de tutela y remitir el expediente a la Corte Constitucional “para que dirima el conflicto suscitado”[10]. En su criterio, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, es el despacho judicial competente para conocer el asunto por dos razones. Primero, porque la ciudad de Armenia es “el lugar donde se presenta la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados”, por cuanto en dicha municipalidad “tiene su sede la entidad Accionada”[11]. Segundo, señaló que la accionante “eligió” a la ciudad de Armenia para instaurar la acción de tutela y, por lo tanto, en dicha ciudad “fue donde se repartió inicialmente”[12].

 

II.          CONSIDERACIONES

 

4.                 Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 –Ley Estatutaria de Administración de Justicia (en adelante, LEAJ)–[13]. Asimismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia solo se activa cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos[14] o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia[15]. En criterio de la Sala, el presente asunto debió ser resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de la LEAJ[16], en razón de su competencia residual para resolver conflictos de competencia dentro de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

5.                 Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber:

 

Factores de competencia en materia de tutela

 

Factor territorial

En virtud del factor territorial, son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (i) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud o (ii) se producen sus efectos[17].

 

 

Factor subjetivo

Según el factor subjetivo, corresponde a: (i) los jueces del circuito el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas en contra de los medios de comunicación y (ii) al Tribunal para la Paz, tramitar las acciones de tutela presentadas en contra de las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz[18].

 

Factor funcional

De acuerdo con el factor funcional, podrán conocer de la impugnación de una sentencia de tutela las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente” del juez ante el cual se surtió la primera instancia[19].

 

6.                 Conflicto negativo de jurisdicción entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial. Este tribunal ha sostenido que cuando se presente una divergencia entre dos autoridades competentes en virtud del factor territorial, se le debe otorgar prevalencia a la elección hecha por el demandante, pues en virtud del criterio “a prevención”, consagrado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991[20], se ha interpretado que existe un interés del legislador estatutario en proteger la libertad del actor en relación con la posibilidad de elegir el juez competente para resolver la acción de tutela que desea promover[21]. De otro lado, la Sala Plena ha señalado que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante[22] o al lugar donde tenga su sede el ente que presuntamente vulnera los derechos fundamentales[23]. En efecto, la Sala Plena ha indicado que la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la persona o del lugar donde se producen los efectos de la misma, los cuales pueden o no coincidir con el lugar de domicilio de alguna de las partes[24].

 

III.      CASO CONCRETO

 

7.                 En el caso sub examine se configuró un conflicto negativo de competencia. La Sala Plena advierte que en el presente caso se configuró un conflicto negativo de competencia originado en las diferentes interpretaciones del factor territorial por parte de las autoridades judiciales involucradas. El Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, propuso el conflicto negativo de competencia porque consideró que el juez competente para conocer de la tutela era el del lugar de domicilio de la entidad accionada al cual se le repartió la tutela inicialmente. Por su parte, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, argumentó que los juzgados de Medellín son los competentes para conocer de la tutela sub examine, simplemente porque en el municipio de Medellín reside la accionante.

 

8.                 El Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia es competente para resolver la acción de tutela. La Sala Plena considera que el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, es la autoridad judicial a quien le corresponde tramitar la acción de tutela en virtud del factor territorial de competencia. Esto, porque (i) en la ciudad de Armenia se produjeron los presuntos efectos de la vulneración de los derechos fundamentales de la accionante al ubicarse en esta ciudad la sede de la Universidad del Quindío y, (ii) en virtud del criterio “a prevención”, la ciudad de Armenia fue el lugar que la accionante eligió para que se tramitara su acción de tutela.

 

9.                 Conclusión. Con fundamento en lo expuesto, la Sala Plena (i) dejará sin efectos el auto proferido el 5 de diciembre de 2022 por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío. En consecuencia, (ii) ordenará que se le remita el expediente a dicha autoridad para que continúe con el trámite y profiera decisión de fondo respecto de la acción de tutela presentada por la accionante, de conformidad con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991. Así mismo, (iii) advertirá al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, que, en adelante, se abstenga de declarar su falta de competencia para conocer una acción de tutela acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante. Por otro lado, (iv) advertirá al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y en las reglas fijadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en el presente auto y compiladas en el auto 550 de 2018.

 

IV.            DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el 5 de diciembre de 2022 por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, en el marco de la acción de tutela promovida por Juliana Arango Gaviria en contra de la Universidad del Quindío.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-4330 al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, para que, de forma inmediata, continúe con el trámite de amparo y profiera la decisión de fondo a que haya lugar dentro de la acción de tutela presentada por la accionante.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío, que, en lo sucesivo, se abstenga de declarar su falta de competencia para conocer una acción de tutela acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionada.

 

Cuarto.- ADVERTIR al Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia, que, siempre que proponga la existencia de un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual, debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, compiladas en el Auto 550 de 2018.

 

Quinto.- Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Presidenta

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 



[1] Escrito de tutela, pág. 1.

[2] Ib.

[3] Ib.

[4] Ib., pág. 2.

[5] Ib.

[7] Ib., pág. 3.

[8] Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Armenia, Quindío. Auto del 5 de diciembre de 2022.

[9] Ib.

[10] Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Medellín, Antioquia. Auto del 6 de diciembre de 2022, pág. 4.

[11] Ib., pág. 3.

[12] Ib.

[13] Corte Constitucional, auto 550 de 2018. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha reiterado que la autoridad judicial encargada de dirimir los conflictos de competencia suscitados dentro de los procesos de tutela debe determinarse de conformidad con lo previsto por los artículos 17, 18, 37 y 41 de la LEAJ.

[14] Cfr. Autos 003 de 2018, 050 de 2018, 158 de 2018 y 262 de 2018, entre otros.

[15] Artículo 3 del Decreto 2591 de 1991. Cfr. Autos 243 de 2012 y 495 de 2017, entre otros.

[16] “(…) Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación”.

[17] Decreto 2591 de 1991. “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud […]”.

[18] Ib.

[19] Ib. El factor funcional “debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a una sentencia de tutela, lo cual implica, que únicamente podrán conocer del asunto, las autoridades judiciales que ostentan la condición de superior jerárquico correspondiente, en los términos establecidos en la jurisprudencia”.

[20] “Artículo 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud (…)” (subrayado fuera del texto original).

[21] Corte Constitucional, auto 053 de 2018.

[22] Corte Constitucional, autos 299 de 2013 y 074 de 2016, entre otros.

[23] Corte Constitucional, autos 086 de 2007 y 067 de 2011, entre otros.

[24] Corte Constitucional, auto 210 de 2021.